Los servicios sociales, gestionados por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, son piezas esenciales para la atención a las necesidades de más de 8,5 millones de personas en este país. Desde la Atención Primaria que llevan a cabo los Ayuntamientos la proximidad a la ciudadanía se ha revelado como una condición clave para personalizar la atención y elevar la calidad del servicio. En el medio rural, estos Servicios son una pieza clave para la cohesión y el equilibrio territorial.
•El Gobierno PP ha marcado con claridad el camino hacia la desaparición del sistema público sobre el que se sostiene la política social en España. A través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, quiere sustraer la práctica totalidad de las competencias en Servicios Sociales Básicos, hasta ahora en manos de los Ayuntamientos, bajo el eufemismo de “competencias impropias”. Intenta, con ello, justificar la reducción hasta mínimos insostenibles de los márgenes de financiación ( hasta dejarlo en 3,6 € por usuario para 2016). El Estado sufraga solo el 2 por ciento del total del dinero que comprometió con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, cuando debería aportar el 33%.
•El Partido Socialista rechaza esta política que pone en riesgo el mantenimiento del Sistema Público de Servicios Sociales y la gestión pública en un terreno tan sensible como el social llevando a la privatización o, directamente a la desaparición, de la red de servicios sociales. Con la entrada en vigor el 31 de diciembre de este año de la llamada Ley de “Racionalización y Sosteniblidad de la Administración Local se encuentran especialmente amenazados los servicios de cercanía y los 8.500.000 ciudadanos que dependen de ellos.
LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL PP
El Gobierno del PP utiliza la crisis económico-financiera actual, para aplicar asfixiantes recortes sociales que conducen al desmantelamiento progresivo de los sistemas públicos del Estado de Bienestar y la consiguiente pérdida de los derechos sociales que se consideraron conquistados. Incluso, se está desarrollando la práctica de desvincular, de la condición de ciudadanía, determinados derechos sociales, que se vuelven a vincular a la condición laboral, como lo estuvieron en la época franquista.
•Estas políticas conducen cada vez, a más y más personas y familias a vivir en la pobreza y exclusión social, sin que la ciudadanía pueda recurrir por la violación de derechos fundamentales que no están garantizados constitucionalmente como Derechos Humanos Universales.
•El Gobierno de Rajoy, ha reformado la Ley de dependencia en múltiples ocasiones para recortar derechos. Por la vía del Real Decreto Ley ha creado incompatibilidades, modificado baremos de valoración, reducido prestaciones e intensidades y, finalmente, ha modificado el calendario de la Ley para retrasar la atención de los denominados dependientes moderados al 2015 (ver ficha dependencia)
•Por otro lado, en su afán de reducir a mínimos la protección social, ha consumado el desmantelamiento de la Red Pública de Servicios Sociales de proximidad, con recortes presupuestarios (64% en el Plan Concertado) que, además de dejar sin protección a miles de ciudadanos en plena crisis, ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo del sector público local.
•La Reforma Local que prevé la cesión de los servicios sociales de los ayuntamientos a las comunidades autónomas en 2016 o su desaparición si éstas no pueden financiarlos en solitario, viene a ser el último y definitivo embate al Sistema y acabará siendo el acta de defunción de su Atención Primaria.
En resumen, como efectos de estas políticas, desde los presupuestos de 2012, el gasto en Servicios Sociales y Dependencia en el conjunto del Estado, ha tenido una reducción acumulada de más de 2.500 millones de euros en tres ejercicios (2012-2014) respecto al gasto en 2011. La diferencia % entre 2014 y 2011 es del -28%.
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